La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) registró 894 interrupciones voluntarias del embarazo en servicios públicos desde la despenalización de octubre de 2024 y hasta el 15 de septiembre de 2026, según información oficial entregada a Quadratín. El desglose oficial es de 22 procedimientos en 2024, 485 en 2025 y 387 en lo que va de 2026.
El Congreso del estado despenalizó la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en 2024, y los servicios comenzaron a operar en noviembre de ese año, de acuerdo con la colectiva We Are Women on Fire. A casi dos años de la reforma, las organizaciones sostienen que el reconocimiento legal no se tradujo en acceso parejo, y atribuyen la brecha a desinformación, traslados y costos que no todas pueden cubrir. El 27 de septiembre, víspera del Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrantes de We Are Women on Fire, de la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y de otras agrupaciones se manifestaron frente al Congreso estatal en Morelia, en el acto que reportó El Sol de Morelia.
Los datos oficiales muestran concentración geográfica: Morelia acumula el mayor número de procedimientos y Ciudad Hidalgo el segundo, según Quadratín. El reporte no incluye información sobre objeción de conciencia, municipios de atención ni desglose por edades de las solicitantes. Verónica Loaiza, integrante de RedCoFem, dijo en entrevista con Quadratín Michoacán que «hay una gran diferencia en despenalizar y legalizar», y señaló que siguen pendientes cambios al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado para que el acceso se garantice en la práctica. Samantha Vázquez, de We Are Women on Fire, apuntó que la distancia y la falta de recursos marcan la desigualdad: hay quien paga consulta privada o viaja a otra ciudad, y hay quien vive lejos de una clínica o no puede ausentarse del trabajo. El servicio se ofrece en siete hospitales estatales, de acuerdo con el reporte de la SSM difundido por MiMorelia.
Las colectivas pidieron al gobierno estatal reforzar la educación sexual y la difusión de derechos reproductivos entre niñas, adolescentes y jóvenes. Sus demandas de protocolos, medicamentos y un registro público de personal objetor quedaron planteadas ante el Congreso del estado, donde las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud siguen sin aprobarse.
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